La Misión de la Red ARA es Integrar y fortalecer las organizaciones ambientales para el logro de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano a través del trabajo en equipo, la comunicación, la creación de capacidades y fomentar la generación de conocimientos

martes, 12 de abril de 2016

Carta Abierta al Ministro del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas

Caracas 10 de abril de 2016


Ciudadano Ing. Ernesto Paiva
Ministro del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, El Silencio
Caracas
Estimado Ministro

Nos dirigirnos a Usted en la oportunidad de plantearle una preocupación que nos atañe como investigadores en las áreas de ornitología y conservación de la biodiversidad. Durante el mes de marzo del presente año se instaló un tendido eléctrico a lo largo de los doce kilómetros que atraviesan al Refugio de Fauna Silvestre Cuare, cerca de la población de Chichiriviche, en el estado Falcón. Dicho tendido se encuentra conformado por torres muy altas, de uno 20 metros de altura, que constituyen una amenaza para las aves que habitan en el refugio, tales como flamencos, fragatas, garzas, playeros migratorios, entre muchas otras especies. El tendido eléctrico no cuenta con boyas ni con ningún sistema que alerte o permita repeler a las aves, lo cual muy probablemente cause que éstas mueran al chocar con los cables. Desconocemos si se realizó el debido estudio de impacto ambiental que midiera el efecto de esta estructura sobre las aves.

Este tendido viene a empeorar la situación de precariedad en la que se encuentra este refugio, que comprende el extremo deterioro de la casa ubicada en la boca del Golfete, la desaparición del muelle y la falta de personal y recursos materiales para realizar labores de guardería ambiental. Un claro ejemplo del peligro que representan estas líneas de transmisión es la mortandad repetida de aves causada por los tendidos existentes en la carretera Coro-Punto Fijo en el estado Falcón, denunciada en la prensa en varias oportunidades.


Cabe destacar que el Refugio de Fauna de Cuare (creado mediante el decreto N° 972 del 31 de mayo de 1972, Gaceta Oficial N° 29.820), es un área de importancia nacional e internacional, y tiene como objetivo proteger la fauna silvestre de la región, en especial las aves migratorias y residentes. Por esta razón hacemos un llamado al Ministerio del P.P. de Ecosocialismo y Aguas y a Corpoelec para que tomen las medidas correspondientes y retiren dicho tendido lo antes posible. Esta situación está completamente fuera de la legislación vigente y de la reglamentación de las Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). En primer lugar, se está violando el Artículo 3 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y el Artículo 46 de la Ley Orgánica del Ambiente, donde se consagra la protección de la biodiversidad de las áreas naturales protegidas; y además se está incumpliendo el plan de ordenamiento del Refugio, en el cual se indica que uno de los objetivos primordiales del mismo es proteger las aves autóctonas. 

Existen alternativas para llevar el tendido hasta la población de Chichiriviche sin atravesar el Refugio, ya sea un sistema bajo tierra o a lo largo de la carretera de servicio, ubicada fuera del mismo. Cabe destacar que el Refugio de Fauna Silvestre Cuare es uno de los cinco sitios Ramsar del país (un convenio internacional que protege a zonas con una gran valor para las especies acuáticas), así como un ABRAE (Refugio de Fauna Silvestre), y un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), porque constituye un hábitat fundamental para las numerosas aves que utilizan el refugio para alimentarse, como zona de paso o como dormidero.
Esperamos su pronta respuesta a esta solicitud. Es urgente evitar las graves consecuencias que este tendido tendría para la avifauna del refugio y eso se puede lograr manteniendo el suministro eléctrico a la población local.

Junta Directiva de la
Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO)

miércoles, 6 de abril de 2016

Organizaciones Indígenas de Amazonas solicitan al Presidente Nicolás Maduro tomar medidas contra la minería ilegal en la región



Las organizaciones indígenas del Estado Amazonas agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), han solicitado al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mediante comunicación escrita de fecha 04 de abril de 2016, adoptar medidas urgentes frente al grave y creciente problema de la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

Las organizaciones señalan en su escrito que: “Estamos profundamente preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región. Durante los últimos años (2014 – 2015 – 2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas delos ríos para la extracción de oro. El resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo - Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare - Ventuari, Parucito - Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y las capitales de Municipios. En las áreas afectadas se observan impactos ambientales como deforestación de grandes cantidades de selva tropical, desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. De esta situación hay numerosos informes y numerosa documentación en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado Amazonas.”

Las organizaciones destacan que la actividad minera ilegal en todo el Estado Amazonas va acompañada de otras muchas ilegalidades, tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de comunicación.


Las organizaciones señalan que esta situación la han presentado en varias oportunidades en mesas de diálogo con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, CECODENA, el Ministerio para los Pueblos Indígenas, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y las Comisiones de Defensa y Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. También les preocupa que mientras el problema aumenta y se detectan nuevos focos mineros ilegales en toda la región, en muchos casos las autoridades del Estado venezolano no han logrado controlar efectivamente el problema de la actividad minera ilegal que afecta a nuestros pueblos y comunidades y a la población en general.

Es importante resaltar que en el Estado Amazonas hay numerosas ÁREAS PROTEGIDAS, como los Parques Nacionales YAPACANA, Parima Tapirapecó, Duida Marawaka, La Neblina; la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare; Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales; y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.

En la solicitud se destaca que “Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  ratificamos que la vocación natural del Estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía,  silvicultura, agricultura cónsona con el ambiente  -cacao orgánico-, pesca artesanal, ganadería bufalina no extensiva, apicultura y ecoturismo. Creemos que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía solar e hidroeléctrica a menor escala previo estudio de impacto ambiental.”

Las organizaciones indígenas insisten “Queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos ambientales y socioculturales. En este sentido, al expresar nuestra preocupación por la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco, reconocemos como positivo que se haya excluido al Estado Amazonas de las actividades propias de esta política del Estado venezolano.”
Finalmente las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.