La Misión de la Red ARA es Integrar y fortalecer las organizaciones ambientales para el logro de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano a través del trabajo en equipo, la comunicación, la creación de capacidades y fomentar la generación de conocimientos

miércoles, 29 de agosto de 2012

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL ESTADO AMAZONAS (COIAM) SOBRE LA NUEVA MASACRE DE INDÍGENAS YANOMAMI EN LA COMUNIDAD IROTATHERI COMETIDA POR MINEROS ILEGALES BRASILEÑOS



En el día de 27 de Agosto de 2012, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), representados por la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS), la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU), la Organización Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA), la Organización Yanomami (HORONAMI), la Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA), la Organización de Comunidades indígenas Huôttuja del Sector Parhuaza (OCIUSPA), la Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja), La Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”, la Organización Indígena de Río Negro (UCIABYRN), la Organización Piaroa de Manapiare, la Organización Ye´kuana del Alto Orinoco (KUYUJANI Originario), el Movimiento Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA), reunidos en Puerto Ayacucho, queremos realizar el siguiente pronunciamiento sobre la NUEVA MASACRE DE INDÍGENAS YANOMAMI ocurrida en la comunidad IROTATHERI, Municipio Alto Orinoco, cometida por mineros ilegales provenientes de Brasil y cuya información fue suministrada por sobrevivientes y testigos durante el mes de agosto de 2012:


1.- Nos solidarizamos con el pueblo Yanomami en Venezuela y su organización HORONAMI, quien ha sido víctima en el mes de julio 2012, de una NUEVA MASACRE OCURRIDA EN LA COMUNIDAD IROTATHERI, ubicada en las cabeceras del río Ocamo, Municipio Alto Orinoco y área de influencia de varias comunidades Yanomami como son MOMOI, HOKOMAWE, USHISHIWE y TORAPIWEI, las cuales vienen siendo agredidas e invadidas por mineros ilegales provenientes de Brasil (GARIMPEIROS) desde hace más de 04 años.

2.- Lamentamos profundamente este nuevo ataque violento contra el pueblo Yanomami, en el cual habría muerto un número indeterminado de personas, con 03 sobrevivientes en una comunidad (shapono) de aproximadamente 80 indígenas Yanomami en el Alto Ocamo, la cual fue quemada y agredida con armas de fuego y explosivos según testimonios de los sobrevivientes y testigos que se trasladaron a la comunidad de Parima “B” entre el 15 y el 20 de agosto de 2012, donde trasmitieron el trágico testimonio a miembros de la organización HORONAMI y autoridades venezolanas de la 52 Brigada del Ejército y el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET).

3.- Expresamos nuestra preocupación debido a que desde el año 2009, se viene informado a varios órganos del Estado venezolano sobre la presencia de GARIMPEIROS en el Alto Ocamo y sobre diversas agresiones contra las comunidades de MOMOI y HOKOMAWE quienes fueron víctimas de violencia física, amenazas, uso de mujeres y contaminación del agua por mercurio con saldo de varios Yanomami muertos y sin haber TOMADO MEDIDAS EFECTIVAS PARA DESALOJAR A LOS GARIMPEIROS DE LA ZONA y diseñar un plan de control y vigilancia sobre su entrada cíclica en la zona, en momentos en que hay reportes del aumento de la actividad minera ilegal en toda la Amazonía brasileña.

4.- Esta situación no sólo afecta los derechos a la VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA y LA SALUD DEL PUEBLO YANOMAMI, sino que constituye un nuevo genocidio y una nueva amenaza a la sobrevivencia física y cultural de los Yanomami, en un momento en que se cumplen en el año 2013, veinte (20) años de la Masacre de HAXIMÚ en la que fueron asesinados 16 mujeres, niños y ancianos.

5.- Solicitamos al Gobierno Nacional y a los demás órganos del Estado venezolano la realización de una INVESTIGACIÓN JUDICIAL URGENTE, el TRASLADO INMEDIATO HASTA EL LUGAR DE LOS HECHOS y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS BILATERALES CON BRASIL para controlar y vigilar la entrada de garimpeiros en el ALTO OCAMO, lugar de la masacre  y con presencia de Yanomami amenazados por la acción incontrolada de mineros ilegales (garimpeiros). Recordamos que la omisión de investigar y tomar medidas eficaces como en el caso de HAXIMÚ, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado venezolano, por permitir que agentes externos agredan a nacionales venezolanos en su territorio.

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)

Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

Organización Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA)

Organización Yanomami (HORONAMI)

Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA)

Organización de Comunidades indígenas Huôttuja del Sector Parhuaza (OCIUSPA)

Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)

Organización Yekuana del Alto Orinoco (KUYUJANI Originario)

Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”

Organización Indígena de Río Negro (UCIABYRN)

Organización Piaroa de Manapiare,

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

Movimiento Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA)

José Gregorio Díaz Mirabal
Vice-Coordinador CONIVE

Guillermo Guevara
(Constituyente Indígena 1999)

martes, 14 de agosto de 2012

Comunicado de la Red ARA a propósito de la contaminación con mercurio de comunidades indígenas del Caura


Imagen tomada del Blog: Ciencia Guayana


La Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) manifiesta su preocupación por los altos niveles de contaminación por mercurio de comunidades indígenas Yekuana y Sanema en el alto Caura, como consecuencia del uso de este metal en la minería ilegal de oro. Así lo demuestra  el Informe realizado por la Fundación La Salle, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y la Universidad de Oriente a pedido de la organización indígena Kuyujani, el cual fue dado a conocer por diversos medios de comunicación.

Dicha preocupación se fundamenta en que es bien conocido a nivel internacional el impacto que la acumulación de mercurio tiene en la salud humana.  La situación actual que afecta a las comunidades indígenas del Caura está presente en otras regiones de Venezuela, sin que los organismos del Estado hayan desarrollado acciones contundentes para atender el uso del mercurio en la minería ilegal y su impacto en el ambiente y la salud humana.

En el documento "Aportes para un diagnóstico de la situación ambiental de Venezuela" editado por la Red ARA en 2011, se menciona que estudios realizados en 2004 en la población de El Callao, estado Bolívar, demuestran que 90% de las personas estudiadas presentaban concentraciones de mercurio en la orina por encima del nivel de alerta.  En esa región se estima se liberan al ambiente 12 toneladas de mercurio al año.  Adicionalmente, en el documento hicimos las siguientes recomendaciones para atender los problemas generados por la contaminación producto de sustancias peligrosas:

  • Fortalecer las capacidades operativas, financieras, técnicas y humanas de los órganos de gestión ambiental para la realización de procesos de supervisión y control.
  • Exigir al gobierno nacional cumplir la legislación ambiental en materia de sustancias peligrosas.
  • Desarrollar un programa nacional de información y sensibilización al público sobre los impactos derivados de la contaminación por metales pesados.
  • Establecer una política nacional de eliminación de fuentes de metales pesados. 
  • Capacitar a funcionarios y empleados de industrias que usen o generen metales pesados en el uso de técnicas para evaluación y control de la presencia de estas sustancias.

A lo anterior, y dada la gravedad de la situación que amenaza a las comunidades del Caura, la Red ARA solicita a los organismos del estado, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, y los Ministerios del Poder Popular para la Salud, Ambiente y Pueblos Indígenas, iniciar una investigación inmediata y exhaustiva sobre la situación denunciada en el mencionado informe y desarrollar acciones eficaces destinadas a evitar la contaminación ambiental. Todo esto con la finalidad de garantizar a dichas comunidades el derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, tal como se establece en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


Red ARA



Anexamos una lista de referencias periodísticas sobre este tema: